La capacidad de la Monarquía parlamentaria para dotar de permanencia y estabilidad al Estado en su conjunto, para “moderar” el funcionamiento de las instituciones, para afianzar simbólicamente la unidad y continuidad de la nación, entroncando su pasado con el presente y éste con el porvenir, para contribuir a la integración social, política y territorial, para dejar fuera del legítimo pluralismo político la jefatura del Estado como institución neutral que sólo está al servicio de los intereses generales, es una realidad comprobada en todas las monarquías parlamentarias europeas, como lo atestigua que estén situadas entre los primeros puestos de los países en los que, según los índices más solventes al respecto, hay mayor desarrollo de la democracia y del progreso social.
De ahí que la estabilidad de nuestra Monarquía parlamentaria sea un valor que debemos cuidar con esmero. El juramento que deberá prestar la Princesa heredera Doña Leonor de Borbón Ortiz el 31 de octubre de 2023 se enmarca en esa estabilidad de la institución y, como refleja la fórmula del juramento, también en el compromiso que contraerá de “desempeñar fielmente sus funciones y hacer guardar la Constitución y las leyes”. Ese compromiso no sólo se entronca en el proceso de regular la permanencia de la titularidad de la Corona, sino que es expresivo, igualmente, de la unión indisoluble entre la Corona y la Constitución. En la Monarquía parlamentaria por la Constitución se reina, guardando la Constitución el Rey se mantiene, y en España, muy especialmente, guardando a la Monarquía también se mantiene la Constitución.
Nuestra Monarquía parlamentaria es, como la experiencia ha acreditado, una de las instituciones fundamentales de nuestro sistema político, no sólo para coadyuvar a que la Constitución, y por ello la democracia constitucional, conserven su vigencia, sino también y principalmente, para garantizar la continuidad de la comunidad política llamada España.
El futuro juramento de la Princesa de Asturias adquiere, por todo eso, una extraordinaria significación, y hay que agradecer a Luis Cazorla que haya dedicado su esfuerzo, en este libro, a aclarar certeramente el modo en que ese acto debe realizarse.
Sobre los autores
Manuel Aragón Reyes (Benamejí, Córdoba, 1944) es Académico de Número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y catedrático emérito de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid. Fue asimismo magistrado del Tribunal Constitucional entre 2004 y 2013. Entre sus numerosas publicaciones, podemos citar Dos Estudios sobre la Monarquía parlamentaria en la Constitución española (1990) o Constitución, democracia y control (2002).
Luis María Cazorla (Larache, Marruecos, 1950) es Académico de Número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Rey Juan Carlos. Entre su extensa producción jurídica destacan obras como Las Cortes Generales: ¿Parlamento contemporáneo? (1985) o El Congreso de los Diputados (su significación actual) (1999).
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